Mientras el 22 de abril se conmemora el día Mundial de la Tierra, y algunas empresas llaman a concursar por una tierra verde, en otras zonas del planeta, principalmente en América, los derechos humanos de las comunidades indígenas o nativas del continente no tienen mucho que conmemorar.
Recordemos que en 1970 millones de norteamericanos se manifestaron por un ambiente saludable y sustentable. Este llamado es extensible a que se respete el territorio de los pueblos originarios y la labor de estas comunidades
por la conservación de sus espacios.
Pero, Amnistía Internacional recuerda que la líder indígena hondureña Berta Cáceres fue brutalmente asesinada a tiros, pese a que era una “tragedia” ya anunciada.
Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), era, entre otras causas, una destacada activista a favor del derecho a la tierra ancestralmente indígena del pueblo Lenca de Río Blanco.
La transgresión contra los derechos de los indígenas es un mal que aqueja a varios países de la región y ha desencadenado graves conflictos por la propiedad de la tierra. Amnistía Internacional ve con preocupación que se continúe negando a estas comunidades su derecho al “consentimiento libre, previo e informado sobre las propuestas que afectaran a sus medios de vida”, especialmente en Perú, Colombia, Bolivia, Guatemala y Venezuela.
Sobre nuestro país «no había disposiciones legales que garantizaran y regularan la consulta a los pueblos indígenas sobre cuestiones que afectaran a sus medios de vida. Las personas que defendían los derechos de los pueblos indígenas denunciaban que las autoridades no respetaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado en la concesión de licencias para la extracción de recursos naturales en los territorios indígenas. Inquietaba el lento avance del proceso de demarcación de territorios indígenas iniciado en 2011. Al finalizar el año, se estimaba que sólo se había demarcado el 12 % del territorio indígena.»
La lucha de Berta
Ubicados al oeste de Honduras, el pueblo Lenca corre un peligro inminente. Intereses internacionales privados, con la aprobación del gobierno, pretenden desalojar sus asentamientos centenarios para construir un enorme proyecto hidroeléctrico impulsado por la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), según denuncia el COPINH.
“El Gobierno de Honduras permite la violación de derechos humanos contra el Pueblo Lenca de Río Blanco y del Norte de Intibucá al respaldar el segundo intento de DESA para construir el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca sobre el Río Gualcarque, patrimonio natural, cultural, económico y hábitat funcional del Pueblo Lenca”.
En 2013 se pretendió privatizar el río Gualcarque mediante una concesión por 20 años para la creación de 17 represas, bajo la excusa de una mejora en la calidad de vida de las poblaciones aledañas. Para entonces, la resistencia y la tenacidad de los defensores y de las defensoras de los derechos humanos de la zona hicieron que el proyecto fuera suspendido, no obstante, el mencionado proyecto ahora vuelve a ser impulsado.
La situación preocupa a la comunidad que afirma que su subsistencia se vería peligrosamente afectada ya que el agua inundaría y destrozaría cientos de hectáreas de plantaciones agrícolas que posee para su consumo y comercialización.
“Nosotros aquí sembramos frijoles, maíz, café de palo, yuca, guineos, naranjas y otras frutas tropicales. Con la construcción del embalse se inundaría las tierras buenas que tenemos para trabajar y las aldeas en las que vivimos”.
El río y las tierras que se proyecta invadir son sagrados para el pueblo Lenca, no solo por ser donde se desarrolló su cultura sino porque, según su creencia, energías y espíritus permiten que fluya la vida en el lugar. “Si nosotros entregamos nuestras tierras y ríos a esas empresas trasnacionales estamos entregando nuestra propia vida”.
Derecho a la consulta de los pueblos originarios
El respeto a las creencias de las comunidades indígenas asociadas con las tierras y recursos naturales es un aspecto amparado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Honduras en 1995.
En ambos textos legales se contempla el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos. Su cultura debe ser respetada y protegida.
La convención también indica que cuando se considere “enajenarlos o transmitir de otra forma sus derechos sobre la tierra” debe hacerse bajo consulta pública, donde la comunidad esté de acuerdo y sus derechos no resulten vulnerados. En el caso de que se produzca alguna agresión o amenaza, el Estado tiene el deber de “prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada”.
Sin embargo, representantes del pueblo Lenca indican que sus tierras han sido tomadas, destruidas y militarizadas sin previo aviso, transgrediendo de esta manera su “derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado”. Por otra parte, denuncian que los promotores de esta invasión no han considerado que en ellas habitan familias humildes que no quieren irse del lugar donde se formó su cultura ni tienen los recursos económicos para hacerlo.
El escenario es tal que, en su último informe sobre Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la estabilidad de los pueblos indígenas, amenazada por “la grave inseguridad y violencia derivadas de la imposición de planes y proyectos de desarrollo e inversión y de concesiones extractivas de recursos naturales en sus territorios ancestrales”.
Pueblo agredido y revictimizado
Ya han pasado varios años desde que los miembros del COPINH alzaran por primera vez su voz para proteger los derechos del pueblo Lenca, denunciando diferentes desalojos de manera violenta por funcionarios de la policía y el ejército del país. Viviendas, donde se encontraban mujeres embarazadas, menores de edad y ancianos, fueron destruidas con retroexcavadoras en tales oportunidades. Asimismo, su producción agrícola y de cría de animales fue afectada.
Ante estas realidades, cientos de personas se han unido para protestar a favor del respeto de los derechos sobre la propiedad de la tierra a la comunidad Lenca. Sin embargo, COPINH manifiesta que en reiteradas ocasiones, durante protestas y movilizaciones, empleados de DESA y funcionarios de la seguridad nacional han reprimido y detenido a los manifestantes.
La CIDH ha recibido información de que al menos 27 líderes indígenas han sido procesados bajo las acusaciones de usurpación de tierra, daño al medio ambiente y a la propiedad privada.
“Los compañeros y compañeras de la comunidad de Río Blanco han sufrido agresiones de persecución cuando se trasladaban a la ciudad de Tegucigalpa para exponer su caso ante entes como el Ministerio de Gobernación y los representantes del grupo de representantes diplomáticos del G16”.
El asesinato de Berta está lejos de ser el único
Además de la continua represión, se ha amenazado la vida de dirigentes comunitarios, nacionales y miembros de COPINH. Algunas de estas amenazas se han convertido en asesinatos, como fue el caso de Berta Cáceres, quien murió en la madrugada del pasado 3 de marzo a causa de varios disparos que le propinaron sujetos desconocidos que entraron de forma violenta a su propia casa.
“Ya más de 120 los ambientalistas, defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Honduras a lo largo de los últimos 5 años”.
“El cobarde homicidio de Berta es una tragedia anunciada. Durante años, Berta había sido víctima de una campaña constante de acoso y amenazas para impedirle defender los derechos de las comunidades indígenas”, manifestó Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, el mismo día de los acontecimientos.
A pesar de que esta situación se ha denunciado en reiteradas ocasiones ante las autoridades locales, las comunidades y los movimientos sociales involucrados no han recibido respuesta satisfactoria. “No ha habido respuesta alguna a nuestros reclamos de justicia y reivindicación ante el gobierno, los responsables directos e indirectos de toda una serie de crímenes que incluyen el asesinato de Berta continúan en libertad, construyendo sus represas y negociando con sus sicarios.”
Organismos internacionales y nacionales han recomendado al gobierno hondureño tomar medidas más rigurosas que garanticen el mantenimiento de las comunidades indígenas en sus territorios ancestrales, tomando en cuenta y respetando todos sus derechos humanos. Exhortan a no anteponer intereses económicos extranjeros sobre los de estos pueblos y a investigar a los responsables que hayan amenazado, hostigado, intimidado y asesinado a activistas y líderes indígenas.
Este llamado cuenta a su vez para todos los países de la región
Daniela Damiano
Fotos: Anaïs Taracena
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