Cuando se está fuera de Venezuela es innegable la necesidad de saber – de primera mano – qué es lo que está sucediendo. Una llamada, oír la voz de un ser querido, es la muestra más directa que lo que a diario deben padecer quienes, a favor y en contra del gobierno, están en un país que tuvo un pasado mejor y un futuro incierto.
Escuchar al otro lado de la línea telefónica que tus padres – jubilados – no saben qué comprar o cómo balancear la dieta diaria, por la escasez de alimentos, el alto precio de lo que se consigue y las largas colas, sin importar la edad, a que está sometido el pueblo para poder comprar algo que llevar a casa, es simplemente doloroso y desalentador y lo llena a uno de un gran sentimiendo de impotencia.
A diario hay que enfrentar que los precios de los bienes de consumo diario suben el doble y el triple de lo que costaba en la jornada anterior y si eso no fuera ya un motivo de dolor de cabeza, se agrega el gran negocio que están haciendo los “bachaqueros” que en complicidad con algunos comerciantes y funcionarios, montan sus toldos para vender los alimentos con un sobreprecio que hace que más de uno les recuerde a toda su descendencia y ascendencia, o sea, le “mentan la madre”.
Hablando de madres, recientemente conversando vía telefónica con la mía, ella me contaba lo solidarios que somos los venezolanos y que entre todos siempre se están ayudando con una harina pan, legumbres, huevos, haciendo trueque o con la idea de “hoy por ti mañana por mí”.
El precio de la carne y el pollo están por las nubes, el pescado ni hablar, entonces la solución pudiera ser
transformarse en vegetarianos, pero el detalle está en que comprar tomates, lechuga o cualquier tubérculo es también prohibitivo porque pareciera que cotizan en la bolsa de valores y la tendencia, como la del oro, es a la alza.
Por otra parte, la situación política tampoco ayuda – muy por el contrario – es factor de desunión, tristeza y desesperanza, provocando que muchos quieran irse o terminen víctimas de un régimen al que se le escapó de las manos la Gobernabilidad en nombre de un proyecto, que desde hace años ha demostrado su ineficiencia.
Hace dos años, en un día de protestas de la ciudadanía cansada de los atropellos e inoperancia del Gobierno, asesinaron cruelmente a Bassil Da Costa, en la esquina de la casa donde vivía mi amiga y dramaturga Gennys Pérez. Este crimen fue la gota que rebalsó el vaso de agua y generó que ella, junto a su hijo, saliera de Venezuela rumbo a México, donde vive en la actualidad. Como un recuerdo amargo de esa fecha, Facebook le recordó en una foto ese día.
Dos años han pasado ya – se dice fácil, pero créanme que no lo es – de estas manifestaciones anti y pro gobierno en el país, protagonizadas en su mayoría por jóvenes precisamente un día de la Juventud, pero aún “los familiares de las cuarenta y tres personas que perdieron la vida, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad; y los cientos de personas que fueron víctima de lesiones, maltratos y detenciones arbitrarias, sigan esperando justicia, verdad y reparación”.
Amnistía Internacional recuerda esta fecha en un documento público donde destaca – entre otras cosas – “la falta de avances significativos en las investigaciones y en el procesamiento de los responsables de estas violaciones de derechos humanos, son muestras claras de la falta de voluntad política para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación alguna”.
Como dije antes y Amnistía Internacional lo destaca en su comunicado es inaceptable que hayan pasado “dos años de los asesinatos de Bassil Alejandro Da Costa, Juan Montoya y Roberto Redman, todavía no se haya condenado a los presuntos responsables”.
“Mientras la inmensa mayoría de quienes cometieron violaciones de derechos humanos siguen sin rendir cuentas ante la justicia, decenas de personas todavía enfrentan cargos por delitos supuestamente relacionados con las protestas, entre ellos personas que llevan ya detenidas cerca de dos años sin que exista ninguna evidencia de que hayan cometido ningún delito.
Tal es el caso de Leopoldo López, líder del partido de oposición Voluntad Popular; y de Rosmit Mantilla, miembro de Voluntad Popular y activista por los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales (LGBTI). La encarcelación de ambos es políticamente motivada, sin evidencias fehacientes que sustenten los cargos contra ellos y con claras violaciones al debido proceso y un juicio justo. Ambos son presos de conciencia y deben ser liberados inmediata e incondicionalmente.
Es fundamental que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar que ninguna persona enfrenta procesos judiciales basados en cargos motivados políticamente, no sustentados en evidencias sólidas y fehacientes.
Tanto el Ejecutivo, como la recientemente nombrada Asamblea Nacional, deben asimismo adoptar medidas urgentes y decisivas para poner fin a la persistente impunidad y garantizar que los lamentables hechos de hace dos años no vuelvan a repetirse.
Hasta que las autoridades no manden una señal clara e inequívoca a las fuerzas del orden para que actúen de acuerdo con el derecho internacional y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, continuarán recibiéndose denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Es asimismo fundamental que se priorice el fortalecimiento del sistema de justicia, piedra angular de todo Estado de Derecho, garantizando su independencia e imparcialidad para poner fin a los altos índices de impunidad que existen en Venezuela.
Las autoridades no pueden continuar negando verdad, justicia y reparación a quienes perdieron a sus seres queridos, a aquellos que continúan encarcelados injustamente y a quienes fueron víctima del uso excesivo de la fuerza o de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas del orden, durante los seis meses en que Venezuela se vio conmocionada por protestas multitudinarias.
Es ahora el momento de que las diferentes fuerzas políticas busquen soluciones basadas en la cooperación y el diálogo, para dar respuestas concretas a la difícil situación que vive el país, protegiendo y promoviendo la labor de las y los defensores de derechos humanos; y poniendo al frente de la agenda política la protección de los derechos de todos y todas, sin discriminación alguna”.
Solo hay preguntas referidas a estas muertes, a estos presos y a la situación general país, uno que se debate entre
la escasez de alimentos y el comercio desaforado de quienes se dedican a especular con el hambre. Entre tanto, el Gobierno sigue insistiendo en la “guerra económica” provocada por Estados Unidos que quiere invadir a Venezuela para quedarse con el petróleo, como si la nación del Norte ya no hace suyo el recursos de las tierras, porque – hasta ahora – es el único cliente que paga las compras del oro negro, ya que el resto de los beneficiarios de los acuerdos petroleros hacen trueque por productos – que tampoco llegan en exceso – o simplemente anotan la deuda en una panela de hielo y la ponen al sol para olvidarse de ellas.
El Gobierno (con Chávez y con Maduro) tiene 16 años con la misma excusa, la culpa siempre es del otro, eludiendo así su gran cuota de responsabilidad, mientras la oposición sigue peleando por unos cargos y controlar un aparato político que cada día hace más agua… ¿Hasta cuándo? La sabiduría popular dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, pero ¿qué sucederá primero?
El docum
ento público de Amnistía Internacional es un llamado a la acción para esclarecer estos asesinatos, también debe serlo para aclarar todas las muertes de venezolanos que solo estaban opinando y haciendo uso de su derecho: la protesta… ¿Cuántos han de morir antes de volver a tener un país que – con sus deficiencias – era todo menos este desastre que comenzó con un Por Ahora?
Francisco Lizarazo
PD: las partes entre comillas «» son del documento de Amnistía Internacional, el resto del texto es de mi autoría y me hago cargo de ello, no por estar lejos dejo de pensar en mi país, por eso esta es mi Visión Política.
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