“Tus derechos peligran: son tratados con absoluto desprecio por muchos gobiernos del mundo” Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha documentado el número de gobiernos que en 2015 han infringido descaradamente el
derecho internacional en su ámbito nacional: más de 122 Estados ejercieron la tortura u otros malos tratos y 29 o más obligaron ilegalmente a personas refugiadas a retornar a países donde corrían peligro. En al menos 19 países, el gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las “leyes de la guerra”.
Ejemplos sobran según Amnistía Internacional. Veamos algunos casos de violaciones a los derechos humanos
Angola: Usar la legislación sobre difamación y relativa a la seguridad del Estado para hostigar, detener y recluir a quienes expresan pacíficamente sus opiniones, y asimismo desdeñar públicamente las recomendaciones de la ONU sobre su historial en materia de derechos.
Arabia Saudí: Su represión brutal de quienes se atrevían a defender reformas o criticar a las autoridades, y los crímenes de guerra que cometió en su campaña de bombardeos sobre Yemen mientras obstruía el establecimiento de una investigación dirigida por la ONU sobre los abusos cometidos por todos los bandos del conflicto.
Burundi: Los homicidios sistemáticos y otras tácticas violentas generalizadas de las fuerzas de seguridad, y sus intentos de reprimir a la comunidad que defiende los derechos humanos en el país.
China: La represión creciente ejercida contra quienes defienden los derechos humanos y un conjunto de leyes abusivas en nombre de la “seguridad nacional”.
Egipto: La detención de miles –incluidas personas que ejercían la crítica de manera pacífica– en una despiadada campaña de represión en nombre de la seguridad nacional, la reclusión prolongada de cientos sin cargos ni juicio, y las condenas de muerte impuestas a cientos más.
Eslovaquia: La persistencia de la discriminación generalizada de la comunidad romaní –a pesar de los esfuerzos realizados durante años por grupos nacionales y regionales–, que ha llevado a la Comisión Europea a abrir procedimientos de infracción contra el país.
Estados Unidos: Que siga funcionando el centro de detención de Guantánamo, ejemplo de las graves consecuencias de su ¨guerra contra el terror”, y que no hayan sido procesados los responsables de torturas y desapariciones forzadas.
Gambia: Las torturas y desapariciones forzadas y la criminalización de las personas LGBTI, así como su rotunda negativa a cooperar con los mecanismos de derechos humanos regionales y de la ONU en asuntos relativos a la libertad de expresión, la desaparición forzada y la pena de muerte.
Hungría: El cierre hermético de sus fronteras a los miles de personas refugiadas en situación de grave necesidad, y la obstrucción de las iniciativas colectivas en la región para ayudar a estas personas.
Israel: El mantenimiento del bloqueo militar de Gaza y, por tanto, el castigo colectivo impuesto a sus 1,8 millones de habitantes, así como no haber cumplido –como tampoco ha hecho Palestina– la petición de la ONU de llevar a cabo investigaciones creíbles sobre los crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Gaza en 2014.
Kenia: Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la discriminación de las personas refugiadas en sus operaciones antiterroristas, y los intentos de debilitar la Corte Penal Internacional y su capacidad para hacer justicia.
México: Su grave historial de abusos contra los derechos humanos, incluida la desaparición de 27.000 personas, y su dura respuesta a las críticas de la ONU en relación con el uso generalizado de la tortura, permitiendo la impunidad casi total pese al aumento de las denuncias.
La lista es extensa, así que ¿qué se puede hacer?
Para Shetty, la “ONU fue creada para ‘preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra’ y para ‘reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre’, pero es más vulnerable que nunca a los enormes desafíos”, así que la Organización debe revitalizarse de manera urgente, tomando en cuenta que «las Naciones Unidas y sus oficinas de protección de derechos humanos y personas refugiadas se resintieron gravemente por culpa de la hostilidad y el abandono de recalcitrantes gobiernos en 2015».
Como una muestra, el informe 2015 – 2016 de Amnistía Internacional menciona que «el conflicto sirio es un terrible ejemplo de las catastróficas consecuencias del fracaso sistémico de la ONU en el cumplimiento de su función fundamental para hacer respetar los derechos y el derecho internacional y para garantizar la rendición de cuentas.
Pero no es solamente la ONU la que debe impedir los casos de conflicto, ya que «son los dirigentes mundiales quienes tienen en sus manos la posibilidad de impedir que estas crisis se vuelvan todavía más incontrolables. Los gobiernos deben parar su asalto contra nuestros derechos y reforzar las defensas que ha establecido el mundo para protegerlos. Los derechos humanos son necesarios, no accesorios, y la humanidad nunca se ha jugado tanto como ahora.”, indica el secretario general de Amnistía en documentos suministrados a la prensa.
Caso Venezuela
Con respecto a Venezuela, el informe de Amnistía Internacional señala la «continua falta de justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos y los constantes ataques contra quienes defienden los derechos humanos, y su constante denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, después de haberse retirado de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, privando así de acceso a la justicia a las víctimas de estos abusos».
Las agresiones y la intimidación ha sido durante el 2015 contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra periodistas.
En el caso de los ataques a los defensores de los derechos humanos, el Informe relata que «tanto el presidente Maduro como el presidente de la Asamblea Nacional, entre otros, dieron por la televisión nacional los nombres y apellidos de defensores de los derechos humanos a los que acusaron de dañar la reputación del país y de socavar
al gobierno. Algunas de estas personas sufrieron hostigamiento posteriormente. Por ejemplo, en marzo, Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y otros 11 defensores y defensoras de los derechos humanos que volvían de exponer sus motivos de preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron seguidos, fotografiados y filmados por unos hombres no identificados en el aeropuerto de Caracas. En abril, Carlos Lusverti, defensor de los derechos humanos y profesor en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, resultó herido al recibir disparos por segunda vez en 15 meses, en un aparente intento de robo. En octubre, tres hombres armados atacaron y robaron en su casa a Marino Alvarado Betancourt, del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), y a su hijo de nueve años. En abril, Víctor Martínez, que hacía campaña contra la corrupción y las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía del estado de Lara, fue amenazado por dos hombres armados frente a su casa en Barquisimeto, en el mismo estado. La amenaza parecía estar relacionada con sus críticas a la policía; en el momento de la agresión estaba bajo protección policial pero, según afirmaba, esa protección era esporádica.»
Pero también fueron víctimas los refugiados y solicitantes de asilo de Colombia, quienes fueron deportados desalojados forzosamente y maltratados, sin olvidar las vejaciones y violaciones a los derechos humanos en las prisiones, aunque ahora se les llamen retenidos.
Un tema que tiene años en discusión se refiere a la libertad de expresión y que en junio del 2015 sumó otra página cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela que devolviera a Radio Caracas Televisión (RCTV) la licencia de emisión, que se le había retirado en 2007. Sin embargo, al finalizar el año, y en lo que va del 2016 «las autoridades no habían cumplido la sentencia. Los propietarios de medios de comunicación y los periodistas que se mostraban críticos con las autoridades se enfrentaban a cargos de difamación y sufrían agresiones e intimidación».
Aunque el gobierno venezolano siempre ha repetido ser defensor de los derechos de los pueblos indígenas, el informe presentado por amnistía indica que eel 2015 «no había disposiciones legales que garantizaran y regularan la consulta a los pueblos indígenas sobre cuestiones que afectaran a sus medios de vida. Las personas que defendían los derechos de los pueblos indígenas denunciaban que las autoridades no respetaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado en la concesión de licencias para la extracción de recursos naturales en los territorios indígenas. Inquietaba el lento avance del proceso de demarcación de territorios indígenas iniciado en 2011. Al finalizar el año, se estimaba que sólo se había demarcado el 12 % del territorio indígena».
Como se titula este trabajo y es la alerta de Amnistía Internacional, la realidad es que en el siglo XXI los derechos humanos están amenazados globalmente.
Si quieren tener el Informe Amnistía Internacional “La situación de los Derechos Humanos en el mundo” pueden descargarlo aquí.
Texto: Amnistía Internacional
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