“8 millones de hectáreas de tierras, lo que representa el 14 por ciento de Colombia, han sido abandonadas o adquiridas por la fuerza como consecuencia del conflicto. Muchas personas han sido blanco de ataques como parte de una política deliberada para expulsar a la población de las zonas ricas en recursos naturales”.
Esta cita pertenece al informe de Amnistía Internacional titulado Colombia: Restituir la tierra, asegurar la Paz donde, entre otras cosas, mencionan que “más de 6 millones de colombianos han sido desplazados de sus comunidades y territorios originarios. ¿La razón? El interés económico y deshumanizado de muchas empresas trasnacionales, muchas de ellas con autorización del Gobierno, que se han interesado por esos lugares con el único fin de explotar sus recursos naturales para llenar sus bolsillos”.
Peter Drury, miembro del Equipo para Colombia de Amnistía Internacional,
indicó que se estima que el 60% del desplazamiento forzado en Colombia se da en áreas de interés extractivos y, muchos de estos casos, están relacionados con la ocupación de sus territorios por entes externos”.
“En varias regiones del país algunas empresas y organizaciones insurgentes están explotando los recursos naturales colombianos de manera ilegal, pero lo que más preocupa es la existencia de muchas transnacionales que, a pesar de estar violando abiertamente los derechos humanos de muchas comunidades, tienen la concesión del Estado para trabajar en zonas ocupadas ancestralmente por pueblos afrodescendientes o indígenas”.
“Hoy en día se ejecutan explotaciones, cuya legalidad no fue consultada debidamente ni se midió el impacto negativo que esta tendría sobre las familias residentes de las tierras ocupadas.”
“Estamos preocupados en que las transnacionales se aprovechen de la vulnerabilidad de estas comunidades que están siendo explotadas informalmente, para comenzar un trabajo consentido por el Gobierno, y empeorar sus derechos a la propiedad sobre sus territorios”.
El desplazamiento forzoso de estas comunidades se acentúa con la violencia que generan las organizaciones insurgentes que ocupan el lugar. “En la década de los años 80 y 90 en el norte de Cesar y Santander, zonas de interés minero, el Gobierno otorgó grandes extensiones de tierra para que empresas comenzaran a trabajar, esto produjo la incursión paramilitar y enfrentamientos con el ejército colombiano que desembocó en numerosos casos de desapariciones, desplazamientos forzados y asesinatos”.
Leyes que avalan el sufrimiento
Drury destacó que el Código de Minas, publicado en el año 2001, pretendió definir la minería de utilidad pública, con el fin de dejar claro que ella podría sobrepasar cualquier otro interés. El artículo 5 del referido texto legal indica: “Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos.”
A pesar que este mismo código establece que “por solicitud expresa de la comunidad (…) se delimitará las zonas en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas”, los derechos a la propiedad de territorio, estabilidad y vida digna de estas personas cada vez se ven más vulnerados.
En 2012 el Gobierno colombiano elevó un marco legal para disminuir el impacto que ha desencadenado la ocupación forzada de territorios y desplazamiento a través de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras o también conocida como Ley 1448.
A pesar de que la ley está orientada a resolver los conflictos de las comunidades despojadas de sus territorios, especialmente las campesinas, esta no contempla la restitución de territorios indígenas y afrodescendientes dentro del articulado interno, sino que se habla de esta situación en decretos conexos (4633 para los pueblos indígenas y 4635 para las comunidades afrodescendientes).
El experto señala que, si bien ha sido un paso importante para el reconocimiento de la problemática, su eficacia ha sido mínima, pues solo “se ha logrado la restitución de 100 mil hectáreas de las 8 millones que han sido desocupadas legal o ilegalmente”.
En varias ocasiones AI ha indicado que esta ley puede “facilitar de hecho que quienes están en posesión de tierras adquiridas ilegalmente consigan la tenencia legal sobre ellas”. También ha denunciado que la Ley 1753, aprobada en 2015, amenaza con “legitimar las apropiaciones de tierras al facilitar la continuidad de la explotación del potencial económico de tierras adquiridas indebidamente”.
Los padecimientos de las comunidades desplazadas
La inmensa mayoría de los desplazados deben padecer de la única opción que les queda: dirigirse a refugios, lugar donde se vive en condiciones deplorables. Generalmente, las familias que viven en esos lugares no gozan de un acceso idóneo a la salud, a los servicios básicos de agua y luz, la alimentación es limitada y la educación para los menores de edad también.
Existen otros que se dirigen a comunidades vecinas, lo cual representa una sobrepoblación en ellas; otros optan por irse a las ciudades y vivir en zonas rurales que generalmente son barrios donde existen altos niveles de violencia.
Los gobiernos en el pasado no han querido reconocer el número tan elevado de personas que se encuentran desplazadas y han intentado redirigir la atención hacia otros temas para no dañar su imagen ante la mirada internacional, manifestó Drury.
Ataque a defensores
También se criminaliza y amenaza a los líderes que buscan organizarse para presionar en busca del retorno a sus territorios. “Muchas veces los desplazados enfrentan un resentimiento de la población local ya que piensan que son subversivos”, destacó Drury.
“Muchos denuncian que el respaldo que reciben por el Estado se agota en el tiempo y deben sobrevivir como puedan”.
Algunos sufren, otros son asesinados. Según la ONG Somos Defensores, 51 defensores de derechos humanos fueron asesinados entre enero y septiembre de 2015; mientras que en el mismo lapso de tiempo de 2014, otros 45 perdieron la vida.
Drury, citando a la referida organización, manifestó que el número de amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos y otras personas que hacen campaña sobre cuestiones relacionadas con la paz, también aumentó el año pasado. Los paramilitares fueron acusados de ser responsables de la mayoría de las amenazas y homicidios.
Sobre la situación de la población indígena en Colombia, en 2015 la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) registró 3.481 desplazamientos forzados y 35 asesinados.
¡Que pare la arbitrariedad!
Para disminuir el sufrimiento humano que implica el desplazamiento, Drury reiteró que AI ha recomendado a las empresas internacionales no invertir en proyectos destinados en zonas donde las tierras hayan sido objeto de despojos.
También se exige que exista más esfuerzos para agilizar el proceso de restitución para que la gran mayoría de las tierras despojadas puedan ser retornadas a sus dueños legítimos.
Revisar algunos aspectos del proceso de paz que se lleva actualmente en Colombia que podrían fomentar la impunidad de las fuerzas públicas. Es necesario enfrentar cualquier política gubernamental que limite las investigaciones penales que develen los intereses económicos relacionados con el despojo de las tierras.
El gobierno debe crear políticas contundentes que garanticen la actuación de las defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente en lo relativo al territorio y el ambiente.
En el Día Internacional de la Naturaleza, llamamos a las autoridades de Colombia, y el mundo, a que creen mecanismos para que la explotación de sus recursos no provoque más sufrimiento y derramamiento de sangre.
Daniela Damiano
Foto: Steve Cagan
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